"Ilegal y clandestina", la dura acusación contra la ITV de Granda (Gijón) ante el juez

Los denunciantes reclaman el cierre de la estación, abierta desde agosto de 2022, al no hacerse pruebas previas para licencia de apertura

Un motorista sale de la ITV de Granda.

Un motorista sale de la ITV de Granda. / Marcos León

Pablo Palomo

Pablo Palomo

"Funciona de forma ilegal, clandestina". Con estas palabras se expresó el abogado Marcelino Abraira, tras la celebración ayer en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Gijón una nueva vista para tratar de tumbar la ITV de Granda. En concreto, el proceso que ayer se dirimió enfrenta a un grupo de vecinos de la parroquia donde funciona la estación de Itvasa desde agosto de 2022, al pie del matadero, con el Ayuntamiento. En la vista de ayer, lo que reclaman los denunciantes es revocar la licencia municipal de apertura al considerar que esta se concedió sin que se hubieran realizado varias pruebas previas, relativas a la calidad del aire, gestión de residuos y tráfico, entre otras. "Creemos que ha quedado acreditado lo que decimos y lo que pedimos es que se ordene la clausura de la estación", concretó Abraira, que ahora espera a la emisión de la sentencia.

El conflicto por la ITV de Granda fue uno de los más activos en el concejo gijonés entre 2021 y el 2022. Nació con el anuncio de Itvasa de abrir una nueva estación en el concejo para aliviar la saturada del camino del Melón en Tremañes. La decisión de hacerla en una antigua nave al pie del matadero en la parroquia de Granda puso en pie de guerra a los vecinos de la zona, que organizaron varias manifestaciones y protestas. Se llegó a crear una plataforma vecinal para capitalizarlas. La ITV de Granda abrió, además, en su día un conflicto entre el gobierno local, encabezado en su momento por la socialista Ana González con Izquierda Unida, y el Principado. El Ayuntamiento maniobró por todos los medios para impedir la apertura de la estación, ofreciendo permutas de territorio, que fueron rechazadas.

Nada de eso funcionó y la ITV entró en funcionamiento en agosto de 2022. Hubo otros dos procesos judiciales previos al celebrado ayer, sobre las once y cuarto, en el Palacio de Justicia de Gijón. Los dos corrieron la misma suerte. Fueron tumbados. Uno lo encabezó un grupo de vecinos, que cuestionaba la tranquilidad de la zona por la cantidad de tráfico que tendría que asumir, y el otro la asociación de vecinos presidida en su momento por Félix Gómez, que se enfocaba en la licencia de obra y la licencia medioambiental. Los tribunales no le dieron la razón a ninguno.

Abraira centra ahora su ofensiva en el artículo 34 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP). Lo que explica el letrado es que se debieron hacer previa a la concesión de la licencia una serie de pruebas con coches para determinar hasta 13 condicionantes. Estos tienen que ver con la cantidad de tráfico que soporta la zona, la emisión de humos, los ruidos, la gestión de los residuos, entre otras cosas. "No se hizo nada de esto", sostiene Abraira. "No se han hecho las pruebas pertinentes previas y eso genera indefensión. Si se tratara de cualquier otro local ya estaría cerrada hace tiempo", agregó el letrado. Abraira también cargó contra la ubicación de la ITV en Granda, por tratarse de una parroquia rural. "Es la única que está en una zona así, salvo la de Pruvia, la primera que hubo. El resto, todas las demás están en polígonos industriales", expresó el representante de estos vecinos.

Será en los próximos días cuando se conozca el resultado de la vista. Mientras, la ITV de Granda, que cuenta con cinco líneas para vehículos y otra adicional para ciclomotores, continúa funcionando con normalidad. Al menos, hasta nuevo aviso.